Ana Barcala. Dº Arousa 2-12-12
Ignacio Velón ha tenido que recurrir a la vía judicial para garantizar que el Concello “no olvide” corregir el “error” que le llevó a catalogar como terrenos municipales cuatro parcelas que tienen dueño en O Revel. Está seguro de que el dictamen judicial será firme en ese sentido. Pero para él no es suficiente. No se cree que haya sido “un error” y está convencido de que hay intencionalidad en unos hechos reiterados. Por ello ha llevado el tema a la Fiscalía a través de una denuncia en la técnicos y políticos comparten presuntos delitos.
En primer lugar, Ignacio Velón considera que el Concello incurre en un presunto delito de apropiación indebida referido a las fincas número 561, 662, 563 y 564 del polígono 40 de O Revel, toda vez que constan como de titularidad pública en el Plan Especial, siendo lo cierto que dichas fincas son privadas, “y corresponden legalmente a Ignacio Velón, Carlos Souto, y a los 15 herederos legales de José Manuel Velón de Francisco”.
Atribuye también los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental, al arquitecto municipal, los gerentes municipales de Urbanismo, la asesora jurídica de la Xerencia “y diversos cargos públicos que participaron en la redacción, elaboración y aprobación inicial y definitiva del Plan Especial de O Revel”.
Así, y en un intento de facilitar el trabajo a la Fiscalía, Ignacio Velón incluye una lista de personas a las que atribuye la comisión de los delitos antes mencionados, explicando en qué medida participaron en la elaboración del Plan. Así, por ejemplo, en el caso de Rafael Vázquez, le considera “responsable de la redacción y elaboración de informes urbanísticos y planimetrías municipales” en las que figuran las fincas como de titularidad municipal, “siendo fehacientemente conocedor en todo momento de la titularidad privada de las referidas parcelas, tanto en su condición de arquitecto municipal como de gerente de Urbanismo”.
Una responsabilidad similar atribuye a Encarnación Rivas, exgerente de Urbanismo y a Soledad Leiro, exasesora de la Xerencia por la redacción de los informes que facilitaron la aprobación del Plan.
También considera responsable de la situación a Telmo Martín, que dos días antes de su dimisión como alcalde de Sanxenxo, procedió a la aprobación inicial del Plan.
Tampoco Catalina González se queda sin responsabilidad en este tema. En la denuncia interpuesta ante la Fiscalía se la culpa de la aprobación definitiva del Plan incluyendo la titularidad pública de unas fincas “sabiendo que son privadas”. Al último que implica Velón en esta cuestión es a Juan Lorenzo, actual gerente de Urbanismo, por emitir un certificado urbanístico en el que dictamina que la parcela es de titularidad pública.
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